TTIP: otra vuelta de tuerca.

La modernidad construyó un espacio para el libre mercado mediante la desamortización de los bienes raíces, la supresión de señoríos, fueros y privilegios, la disolución de gremios y la unificación en cada Estado de las reglas básicas del derecho civil, derecho mercantil y derecho del trabajo. Dentro de ese espacio, acotado con reglas de orden público que expresaban un blindaje de determinados derechos o intereses, los particulares y, sobre todo, las empresas,  podían desplegar su libre iniciativa económica, bajo el presupuesto de que esa era la forma más eficiente de conseguir la prosperidad económica de todos. El proceso vino acompañado de un fortalecimiento de estructuras políticas (los Estados y la política) que al tiempo que cuidaban de la limpieza de las reglas de juego del mercado, aseguraban un marco de derechos de la ciudadanía y perseguía objetivos que el mercado no aseguraba, como por ejemplo la igualdad, la protección social, los derechos sociales, la dignidad de las condiciones de empleo, etc., que daban contenidos ciertos a la "soberanía" concebida como un pacto social entre ciudadanos. El siglo XX culminó este modelo, con la consolidación del llamado "Estado del bienestar", que no era sino una fórmula para introducir la variable de la "justicia", que sólo en Jauja y en Babia puede prescindir del poder coercitivo de los Estados.
 
Desde finales del siglo XX, y marcadamente en este siglo, el proceso se repite, pero en la esfera interestatal. Es lo que llamamos globalización. Se trata de "abrir  los mercados" en el escenario internacional, suprimiendo aranceles, fronteras, y diferencias de "regulación" en unas y otras áreas geográficas, para que los operadores económicos (es decir, las grandes corporaciones con enorme concentración de capital) jueguen con las mismas reglas en todas partes, para así estimular la competencia, y por tanto la eficiencia. Ello conduce a la supresión de los obstáculos que para la libre circulación de productos, servicios y capitales comporten las diferentes regulaciones estatales sobre relaciones laborales, impuestos, protección ambiental, de la salud y de los consumidores, etc.
 
¿Por qué contemplamos con tanta desconfianza estas iniciativas de "desregulación" (de los mercados internacionales), sin en el seno de cada Estado hemos comprobado la eficacia de un mercado libre como medio de incentivar la inversión y el acometimiento de iniciativas económicas generadoras de prosperidad general?
 
La respuesta puede ser tachada de simple, pero es una respuesta: porque en el proceso actual falta uno de los dos aspectos del proceso seguido dentro de cada Estado: precisamente, el Estado, es decir, un Derecho con normas rígidas de protección "expuestas" a la democracia, y por tanto sensibles a los conflictos de intereses entre unas y otras clases de ciudadanos (los capitalistas, los propietarios, los asalariados, los excluidos del mercado, los enfermos, los viejos, etc.). El derecho universal de voto para la elección de quienes podían "imponer reglas" al mercado, y el Derecho constitucional que garantizaba derechos que dejaban de ser "variable de ajuste" y se constituían en premisas a respetar en todo caso, necesitan también un espacio bien delimitado que no puede ser diferente del espacio del mercado. Si la regulación del mercado se despega de las estructuras de la política (es decir, de los consensos constitucionales y de la democracia), los derechos vuelven a ser variable de ajuste, y quedarán convertidos en "subsidiarios" y "contingentes": es decir, valdrán en la medida en que el mercado lo permita.
 
El TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión), sobre el que seguimos sin reflexionar lo suficiente, atornilla esta tendencia. Es un desanclaje más de la soberanía, y por tanto de la democracia. Se trata de una exigencia de las grandes corporaciones, que quieren sortear los límites que, para su margen de beneficio, comportan las normas "reguladoras" que, como tales, persiguen objetivos costosos: la salud de todos, el bienestar de todos, la dignidad de todos. El Estado del bienestar supone costes y límites, y su involución se está produciendo a través de la globalización, en la que tienen un interés directo quienes aspiran a vender más y producir más barato, "a toda costa".
 
La supresión de barreras al mercado internacional es un buen fin en sí mismo. Pero mientras no pueda venir acompañado de un Derecho con la misma consistencia y "rigidez" de los derechos nacionales, blindados constitucionalmente y sujetos a la democracia, la desregulación es una pérdida de consistencia de los derechos políticos y sociales (que no son la resultante de transacciones mercantiles) y de nuestros modos de vida. Cuanto más desregulados estén los mercados internacionales, menos posible será defender un salario mínimo, el derecho a las vacaciones remuneradas, una normativa sobre residuos, el principio de precaución en prevención de crisis sanitarias y alimentarias, etc.
 
Si, además, los Estados que pretendan defender determinados derechos o intereses habrán de someterse, en caso de conflicto con una gran corporación, a un tribunal de arbitraje privado (como está previsto), el agujero abierto en el suelo de la soberanía política será cualitativamente definitivo.
 
Esa es la razón por la que la desregulación del mercado internacional produce rechazo, temores y recelo. Porque como hemos dejado de creer en la posibilidad de estructuras políticas internacionales con contenido constitucional y democrático, la supresión de las alambradas políticas de cada Estado nos deja en la intemperie y sin energía política para defender derechos que el mercado no puede asegurar, sin que nos sirva de consuelo una vaga fe en la prosperidad a largo plazo como consecuencia directa de la libre competencia entre los que han acumulado capital.

3 Respuestas

  1. Querido Miguel:
    No es tarea fácil comentar sobre un asuinto de este calado. Incluso es posible que sea muy prematuro todavía. Dos indicadores me dan confianza a esta altura del proceso de negociación: la competencia y el espíritu democrático de la Comisaria Malmstrom, cuyo departamento de comercio dirige las negociaciones en nombre de toda la Unión Europea; y mi propia experiencia de trabajo en países en desarrollo que me ha demostrado como son precisamente las grandes multinacionales las que no necesitan estos acuerdos comerciales ya que ellos, mucha veces más poderosos que los propios estados, defienden mejor sus intereses sin las regulaciones internacionales (recordar el caso de las vacaciones fiscales de Amazon, Google, Apple al refugio de menos Europa y más estados). Si te sirve de ejemplo te diré que en Africa donde vivo los acuerdos comerciales transnacionales realmente sirven a las pequeñas y medianas empresas y a establecer marcos permanentes para las inversiones no sometidos a los vaivenes -aquí frecuentes- de los cambios políticos.
    Deberían conocer también tus amigos lectores que estos acuerdos entre bloques es la alternativa al fracaso de las negociaciones de la última ronda comercial llamada de Doha. Esto ha alentado esta carrera hacia acuerdos entre bloques. Por ejemplo la Unión Europea ha reciente firmado con Corea del Sur, casí acabado creo con Japón, firmado con Canada, en negociaciones con EEUU e India, etc. Como recordatorio decir que todos estos acuerdos son aprobados por las instituciones europeas y ratificados por los parlamentos de todos los estados miembros.
    En cualquier caso, reitero que es importante mantener los pies en el suelo antes de definir una postura clara en estos asuntos complejos. Personalmente algunas posturas que escucho me parecen un lenguaje habitual antiglobalización sin mucho fundamento. Y con ciertos tintes eurocéntricos ya que el milago por ejemplo del sudeste asiático y China, donde cientos de millones de personas han salido de la pobreza, no hubiera sido posible sin ese mismo fenómeno de extensión del comercio internacional.
    Precisamente hoy la Comisaría Malmstrom publica un artículo en Eldiario.es que puede esclarecer algunos puntos.
    Déjame también mostrar mi desacuerdo con dos puntos de sustancia de la entrada del blog.
    El primero tu repliegue a los estados como garantía de que la política pueda prevalecer sobre la economía: ¿por qué? Con un equilibrio imperfecto de poder (o sea, con un claro predominio competencial del consejo europeo formado por los estados miembros) el parlamento europeo tiene toda la legitimidad democrática para defender estándares de servicios públicos, confidencialidad de datos y predominio de valores sociales.
    No creo tampoco que la cuestión es dónde se sitúa el tribunal de resolución de diferencias si no el respeto jurídico a procedimientos y a la defensa. ¿Por qué si no son válidos el Tribunal de Estrasburgo para los derechos humanos o el TPI para los delitos de lesa humanidad, o el de Hamburgo para el derecho del mar o la sala del arbitraje del Banco Mundial (caso Repsol vs Argentina), etc.?
    Este grito de más democracia en mi opinión pueden muy bien representarlo instituciones comunitarias o tribunales internacionales. La cuestión efectivamente es la transparencia y el imperio de la ley.
    Un abrazo,
    Nicolás

  2. Sabía que sobre este tema era necesaria tu "réplica", querido Nicolás, porque mi opinión buscaba deliberadamente una respuesta "simple" a una realidad compleja. Aunque una simpleza anclada en fundamentos, más que en prejuicios.

    Sobre todo, sé que la globalización, por más que negativa para estándares de protección social de los ciudadanos europeos, ha podido producir efectos positivos para ciudadanos de otras zonas deprimidas. Me lo has recordado de palabra en alguna ocasión, y siempre ha sido una "enmienda" que tengo en cuenta cuando pienso en estas cosas
    .
    Sí hago una aclaración: mi crítica a la "desestatalización" no va referida al proceso europeo, precisamente porque en la UE hay algo de estructura política: Imperfecta, pero institucional, y entre países por lo general homogéneos en cultura social. Mis temores no van referidos a la armonización de normas para culminar el mercado europeo, porque en Europa hay perspectivas de avanzar hacia estructuras políticas más fuertes y democráticas. Mis temores se refieren a la globalización que, por favorecer la inversión más rentable, devasta las "aduanas de derechos".
    Un abrazo

  3. Me parecen ciertos los temores que expresas. Lo interesante de todo esto es que en las sociedades en desarrollo el crecimiento económico estimula parámetros de democratización que las élites no pueden parar a no ser a golpe de martillo. Mira el caso de la fustrada "primavera árabe" (salvo en Túnez y parcialmente en Marruecos) o en Burkina Faso (cuando la sociedad civil echó del poder a un dirigente con la legalidad pero sin legitimidad) u observemos en los próximos años los acontecimientos en China, etc.
    El gran tema para mí es la desigualdad. Y desde una perspectiva europea, hacer que las empresas europeas respecten los mismos parámetros económicos y sociales allá donde vayan, incluso en países con regulaciones legales débiles.

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