Las trampas difusas. (A propósito de las dichosas cláusulas suelo)

Quizás porque [en mi niñez... ah, no, no era eso] contraté mi hipoteca a interés fijo (no me fiaba del variable), y porque hace pocos meses fue felizmente amortizada, no estoy especialmente sensibilizado con el problema de la falta de transparencia de las cláusulas suelo y la restitución de las cantidades pagadas de más por decenas de miles de compradores de vivienda. Me interesó más el problema jurídico (la nulidad por su inclusión en el contrato de manera subrepticia y el efecto retroactivo de esa nulidad) que el problema social. Pero entrando en la cuestión (todo nos invita a ello), diré mejor que en este momento la tan disputada devolución la contemplo como una especie de merecida paga extra, por el lado del deudor, y como una merecida sanción a los bancos. Me alegro por la paga extra, pero me alegro más por la sanción.

Si tuviera que jerarquizar mis sentimientos diría que lo más urgente, para mí, sería la devolución de las cantidades a quienes perdieron la vivienda por no haber podido los plazos de amortización. A la mayoría de éstos ya no se les podrá devolver la vivienda, porque habrá pasado a manos de terceros adjudicatarios de quienes se ha de presumir la buena fe (salvo que la vivienda se adjudicara al propio banco ejecutante o una sociedad instrumental y no la hayan vendido todavía), pero sí pueden pretender que se les restituya la diferencia entre el montante de la deuda que se les liquidó por medio de la ejecución hipotecaria, y lo realmente debido una vez deducido el exceso abusivo. Un pequeño triunfo para los más humillados.

En segundo lugar situaría la alegría por la sanción a los bancos, en la medida en que la introducción de dichas cláusulas, junto a otras prácticas no menos gravosas (¡ay, esas comisiones por descubierto inducido que multiplicaban por muchísimo el interés moratorio pactado...!), fue una decisión estratégica y sistemática calculadamente tomada para incrementar el beneficio del negocio de prestar dinero. Yo no soy de los que odian a los bancos por el hecho de que tengan y muevan mucho dinero, pero sí de los que odian las trampas "difusas", es decir, esas que pretenden obtener una ganancia importante mediante una multitud de pequeños engaños repercutidos sobre millares de clientes. Los problemas coyunturales del negocio de la banca no pueden justificar una especie de expropiación privada, por la misma razón por la que cuando el negocio va bien la banca no reparte, obviamente,  beneficios entre los ciudadanos. Salvar el negocio mediante prácticas que engañan "un poco", que cuentan con la previsible desidia o resignación del cliente, proclive más a la protesta ante el empleado de la oficina que a la interposición de una demanda, es una estafa masiva que debe ser (al menos civilmente) sancionada. Esa es la mejor noticia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que justifica la integridad de los efectos restitutorios de una cláusula abusiva en el efecto disuasorio para la reiteración de prácticas similares. Si en el juego de las siete y media te pasas a ocho y media, la conclusión no es rebajarte a siete y media, sino quedarte en cero: así, la próxima vez, te plantas en seis. Aclaro, eso sí, en línea con la jurisprudencia, que el abuso en este caso no ha consistido en establecer un mínimo ("suelo") para la variación del interés, incluso si el máximo fuera ilusorio (lo cual, de estar bien aclarado, sería perfectamente lógico y comprensible), sino exclusivamente en inducir deliberadamente en el cliente una representación de lo que habría de pagar inferior a lo que el banco se había representado que iba a percibir y efectivamente percibió, aparentando una "aleatoriedad" (a favor o en contra de banco o cliente) que no era tal.

Y sólo en tercer lugar está la alegría por el dinerete con que se van a encontrar quienes firmaron esos contratos y los fueron pagando regularmente (sin verse expuestos, por tanto, a un desahucio por la ejecución hipotecaria). Que cobren lo que se les debe, y ya está. No me parece un problema social, sino un asunto económico que sólo es relevante porque implica (un poco) a mucha gente.

El decreto que este viernes parece que va a aprobar el Gobierno, estableciendo un procedimiento de reclamación extrajudicial ante el propio banco no me parece mal: en buena parte de los casos, supongo, se llegará a un acuerdo y se mitigará el colapso en unos tribunales que tienen otros muchos asuntos (no menos importantes) que atender; a falta de acuerdo, siempre podrá el cliente ir a por todas en el Juzgado. Nada que objetar, a reserva de los detalles de ese decreto. Que el banco se reserve la decisión de atender o no las reclamaciones no es nada extraordinario, ni convierte al banco en "juez y parte", como ha llegado a decirse: el deudor tiene derecho a discutir si debe o no debe, y cuánto debe, sabiendo, eso sí, que si no paga todo lo que le se reclama, podrá verse expuesto a una demanda judicial.