España como objeto y España como sujeto.

Supongamos que los sondeos detectasen en Portugal una clara mayoría a favor de su asociación con España en una Confederación Ibérica con forma de Estado, como sugirió José Saramago. Supongamos que vanguardias de la sociedad civil, grandes empresarios,  medios de comunicación y líderes políticos significados iniciaran un proceso de movilizaciones sociales a favor de una consulta popular sobre ese particular. Supongamos que allí se salvaran los escollos jurídicos o constitucionales, y la consulta se llevara a cabo. Y supongamos que un 65% de los portugueses votase que sí a dicha propuesta.

Imaginemos que, entonces, las fuerzas políticas españolas mirasen con desagrado esa decisión de los portugueses, y se negaran a considerarla por no querer compartir decisiones de rango constitucional con los vecinos. Ya lo sé, sería un lamentable error, pero es una respuesta posible. Tendríamos en ese caso una clara y rotunda reivindicación nacional (portuguesa), democráticamente expresada, que no sería atendida: una alta concentración de población dentro de un territorio definido (Portugal) querría compartir toda la península ibérica con los españoles, y éstos preferirían mantener la segregación, frontera de por medio. Una legítima aspiración democrática carecería de cauces para hacerse realidad.

La secesión plantea un problema similar (aunque inverso). Si hemos de suponer que una mayoría de residentes en Cataluña quiere dejar de compartir el territorio catalán con el resto de españoles, y así lo decidiera democráticamente, todavía faltaba convencer al resto de los españoles afectados. Ardua tarea, por cierto, porque unos se opondrían para fastidiar, y otros por no querer perder el componente catalán de la España que les gusta.

Es una cuestión de 'sujeto', verbo y predicado. El verbo (independizarse, confederarse, asociarse, anexionarse) y el predicado ('de España', 'a España', 'con España') pueden estar claros, pero el sujeto es el problema. En política, o mejor dicho, en democracia, las decisiones han de ser tomadas, según su contenido, por un sujeto definido, que no es cualquier mayoría. La mayoría del barrio no puede condicionar el urbanismo de la ciudad; la mayoría (incluso inmensa) de extremeños no puede acordar la vigencia de la pena de muerte para los asesinatos cometidos por o sobre extremeños en Cáceres y Badajoz; la mayoría de los catalanes no puede alterar las fronteras de España. No se trata de prohibiciones impuestas en una relación jerárquica o de dominio, sino de una por lo general razonable distribución del poder.

Eso es, entre otras cosas, una Constitución: un pacto sobre el sujeto (y los sujetos). Artur Mas lo sabe, y por eso jamás ha amagado con una proclamación unilateral de la independencia de Cataluña, que sería un corto viaje a ninguna parte. Una mayoría de un territorio no es sujeto para cualquier cosa que tenga que ver con ese territorio: tampoco para dividir la comunidad territorial de un Estado y quedarse con un lote en exclusiva. España no es sólo un objeto a repartir o compartir, también es un sujeto.