Algunos jueces y fiscales han convocado esta tarde, solemnemente, una huelga para el 20-F. Lo hacen, al más puro estilo sindicalista, esgrimiento una "tabla de reivindicaciones" en la que se utilizan las típicas expresiones: "paralización inmediata", "modificación urgente", "dotación inmediata". La tabla reivindicativa es una ensalada de la que cualquiera puede comer algo de su agrado, por lo que la llamada a la huelga concitará móviles dispares e incluso contradictorios. Pero tendrá un alto seguimiento, que es lo que se pretende.
Soy crítico con el Gobierno y con casi todas las medidas que Gallardón ha adoptado desde que llegó a ministro. Este blog es testigo. Sin embargo, el detonante de la huelga es un proyecto de ley orgánica que me parece un saludable ejercicio de legitimidad democrática: ante la evidencia de un desastroso funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno propone una iniciativa legislativa que, absolutamente dentro de los márgenes de la Constitución, deberá aprobar, o no, el poder legislativo. Son las Cortes quienes tienen derecho y obligación de regular qué tipo de órgano de gobierno de los jueces es el más idóneo para este tiempo. No son los jueces, que sólo tienen legitimidad constitucional para dictar sentencias, sino que son las Cortes. Y si las Cortes consideran que determinadas competencias del Consejo puede asumirlas el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas, sin merma de la independencia, están en su derecho de cambiar el modelo que hasta ahora no ha funcionado. Las Cortes tienen derecho a decidir cómo se elegirán los vocales del Consejo, si los jueces no afiliados a ninguna Asociación pueden concurrir en igualdad de condiciones con los afiliados, cómo se adquiere la condición de juez, de cuántos permisos pueden disfrutar al año y qué remuneración deben percibir, etc. A mí personalmente me parece bien que la "cooptación" de vocales se haga en sede parlamentaria (sobre las propuestas que provengan de los jueces), y no en el opaco mundo de las Asociaciones, que más bien propicia una endogamia construida desde lealtades personales, amiguismo, discipulajes o parentescos. Y entiendo que de ninguna manera, por hipótesis, ello puede afectar a la independencia judicial, porque la independencia, más que un derecho del juez, es una obligación: tiene la obligación de resistir a influencias "extraprocesales" al decidir los litigios, y ello está absolutamente en su mano, sean quienes fueren los Vocales o el Ministro de Justicia. La Constitución, y no un determinado modelo de Consejo, es quien garantiza esa independencia.
Un juez, muchos jueces, todos los jueces, pueden quejarse de sus condiciones de trabajo, pueden considerar injusta la Ley de Tasas Judiciales y disentir del modelo de Consejo General del Poder Judicial, y tienen derecho a decirlo. Pero proponer una huelga por disconformidad con ese modelo es absurdo. Un poder constitucional no puede declararse en huelga frente a otro. Es tan absurdo como si pasado mañana el Gobierno se declara en huelga por disconformidad con una sentencia del Tribunal Supremo que anule una decisión del Consejo de Ministros. O como si un grupo parlamentario se declarase en huelga por una sentencia del Tribunal Constitucional que declarase inconstitucional una Ley. El Estado no puede declararse en huelga contra sí mismo.
La Comisión Interasociativa ha sabido llevar a la consideración de la sociedad la disconformidad de buena parte de la judicatura con determinadas medidas del Gobierno, y eso deberá doler al ministro Gallardón. Pero Gallardón quedará a salvo, por la torpeza de convocar a una huelga que los ciudadanos no van a entender de ninguna manera.
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