Bin Laden, Bildu y la lluvia.

Sigue lloviendo.

El mundo asiste con sensaciones comprensiblemente contradictorias al exitoso asesinato del asesino Bin Laden: alegría, porque el desafiante terrorista, culpable alevoso de tantas víctimas inocentes, ha caído; pero dudas sobre si es así como debe hacerse justicia. Yo tengo también esa contradicción, pero me llama mucho más la atención que tan poca gente se escandalice de lo que es mucho más grave: la sistemática vulneración de derechos en la base de Guantánamo. Los papeles de Wikileaks confirman estos días lo que todo el mundo sabía o sospechaba: allí se creó un limbo en el que actuar sin los límites propios de un Estado de derecho: un espacio en el que se buscaba la eficacia y se derretían los reparos frente a la tortura, la privación injustificada de libertad, la erección de la sospecha policial como argumento para, sin control judicial, retener a una persona con el fin de obtener información.

¿Es inevitable Guantánamo? ¿No puede un Estado fuerte combatir el delito sin atajos? ¿Pueden las democracias permitirse Guantánamos sin dejar de ser lo que son? La pregunta es importante, aunque sea incómoda.

Sigue lloviendo.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo español ha dado la razón jurídica a quienes entendían que con la ley en la mano podía evitarse que se presentasen válidamente a las elecciones municipales listas en las que concurrían ostensiblemente candidatos que pertenecen al mundo que ha vivido cosido a ETA hasta al menos hace poco, junto a candidatos de partidos legales cuyo derecho a ser elegidos es incuestionable. Es una sentencia discutible y discutida (9 votos contra 7) que sacrifica el derecho de algunos en aras al cumplimiento de los fines de la legislación antiterrorista, pero es una sentencia, es decir, es una decisión tomada con garantías por personas obligadas a ser independientes, sometidas únicamente al imperio de la ley. Sea cual sea mi opinión, me parece que debe destacarse esa garantía propia de un Estado de Derecho, aunque representantes de partidos y, sobre todo, periodistas, la consideren, a favor o en contra, un mero reflejo judicial de una decisión política, acertada o desacertada. No, no es una decisión política: es una sentencia.

Eso sí, si el Tribunal Constitucional la anula dentro de unos días, también exigiré que se considere una decisión tomada con todas las garantías en el marco de la razón jurídica y desde las exigencias únicas de la Constitución. Porque, aunque no soy ingenuo, creo en la importancia de las instituciones, y estoy seguro de que los magistrados del Constitucional, igual que los del Supremo, no quieren ser lacayos de otros poderes, sino profesionales empeñados en acertar. O entendemos esto, o estamos perdidos.