Ocurrencias de investidura

El discurso de investidura de Susana Díaz contiene algunas propuestas serias sobre las que imagino que se debatirá con más profundidad. Pero a mí me han llamado la atención dos propuestas que pueden ser calificadas, en mi opinión, como ocurrencias y sobreactuaciones oportunistas.
 
Una de ellas es la de promover una iniciativa legislativa desde el Parlamento de Andalucía en el Congreso de los Diputados en orden a establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Creo que es inconsistente por tres razones:
 
Primero, porque esa iniciativa legislativa en una materia que es de competencia exclusiva del Estado. podría asumirla hoy mismo el grupo parlamentario socialista en el Congreso, sin acudir tan forzadamente a la iniciativa de las CCAA. Es verdad que el artículo 87.2 de la Constitución prevé que los parlamentos autonómicos (¡no los gobiernos!) puedan remitir al Congreso de los Diputados una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Pero llevar esa vía como punto programático para la presidencia del gobierno de la Junta parece un argumento muy endeble. Entre otras cosas, porque esa iniciativa legislativa autonómica no es competencia del Gobierno de la Junta, ni de su Presidenta, sino del Parlamento. No puede contar, pues, como razón para la investidura. 
 
Segundo, porque apenas servirá para nada. Como reforma penal contra el reo no puede tener efecto retroactivo (artículo 9.3 de la Constitución), por lo que no podrá aplicarse a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor. Si alguna vez se aplicase esa norma, no podría ser antes de diez años,  que es el plazo aplicable a los delitos de corrupción más comunes. Desde luego, ya se ve que no puede considerarse una medida "de choque".
 
Tercero, porque si se piensa bien, es injusta. El delito de asesinato, el de violación, el de secuestro, los de abusos de menores, etc., prescriben, y así debe seguir siendo, por razones de política criminal.  ¿Por qué no va a prescribir el cohecho o la malversación? ¿No da la impresión de que lo que se busca es el impacto mediático, más que la eficacia en la lucha contra la corrupción?
 
 
Otra ocurrencia es que los "imputados" no puedan formar parte de las listas electorales. Como promesa de partido a incluir en sus códigos "éticos"  es una opción respetable, pero como medida legislativa es insostenible, por inconstitucional: sólo una sentencia, y no una mera imputación, puede privar a un ciudadano del derecho de sufragio pasivo (ser elegido). Creo que es algo importante.

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