Hay una muchedumbre de sospechas de corrupción que se quedan en la orilla de la impotencia y alimentan la sensación de impotencia y desafección. En muy buena parte se debe a la perversa confusión entre responsabilidad política y responsabilidad penal: se llevan al Juzgado rencillas políticas y se ocultan en los oscuros pasillos de la Administración y la política delitos para los que la Justicia no tiene ojos (es decir: no tiene medios). El efecto es terrible: se sobredimensiona (a veces injustamente) la impresión de "corrupción generalizada", la sospecha, la retórica anticorrupción, pero se percibe como la lluvia: algo que depende de las nubes, y no de nosotros.
El Gobierno va a tramitar un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se tasa temporalmente el periodo de instrucción: seis meses, con posibilidad de prórroga hasta dieciocho en causas especialmente complejas. La medida sería impecable si viniera acompañada de una significativa dotación de medios (personales y materiales) a los Juzgados de Instrucción. Pero no es así. La premisa de la que se parte es que los Jueces se duermen en los laureles y gestionan mal su agenda. La realidad, en cambio, enseña que la mejor manera de agilizar la justicia no es "meter prisa", sino dedicarle más recursos. Eso supone más gasto público, claro que sí, pero ya es hora de que nos pongamos a pensar si queremos gastarnos más dinero en Justicia, o si nos apañamos como estamos. Es una decisión de la ciudadanía, no de los círculos ministeriales y "poderjudiciales", y debe llevarse a los programas electorales. Es imprescindible que la próxima Legislatura coloque en primera fila la necesaria reforma integral y verdadera de nuestra Administración de Justicia.
Pero el control de la corrupción no tiene por qué agotarse en las retóricas comisiones de investigación políticas, generalmente abrasadas por la mayoría de gobierno, ni en la tragedia de los procedimientos penales. ¿Por qué no pensamos en órganos o agencias independientes de control de la corrupción? La idea sería la constitución de órganos compuestos por ciudadanos sin cargo político ni militancia, con mandatos no paralelos a los de las elecciones políticas, que tuvieran competencia para recabar información de los expedientes administrativos, y que recibieran las denuncias de los ciudadanos. Su finalidad no sería la imposición de sanciones de ningún tipo, sino incrementar la transparencia y conseguir para la ciudadanía información precisa sobre los comportamientos de Ayuntamientos y Diputaciones en materias especialmente proclives a la desviación de poder: urbanismo, contratación de personal, adjudicación de obras, subvenciones, gasto corriente, etc. No habría más sanción que la democrática: los electores tendríamos más elementos de juicio para valorar la honestidad de una gestión política. Si se advierten conductas supuestamente delictivas, el Comité hace un informe y lo pasa a Fiscalía.
Imaginen un Comité anticorrupción que tuviera potestad para hacer comparecer a Alcaldes, concejales, Jefes de Sección y altos cargos para pedirles explicaciones a los solos efectos de conseguir información pública cada vez que reciben una denuncia (incluso anónima) sobre asuntos sospechosos. Imaginen que un grupo de ciudadanos no comprometidos con la militancia en ningún partido político dispusieran de luces y taquígrafos activados con independencia absoluta de las mayorías y minorías en los órganos de gobierno, en coordinación con los Secretarios y los Interventores, y acaso con el Defensor del Pueblo. Imagine que si usted se siente perjudicado por una decisión que considera motivada por amiguismo o por favores recíprocos, no tuviera que verse en la tesitura de interponer o no un recurso contencioso-administrativo o una querella, sino una simple denuncia ante un organismo dedicado exclusivamente a vigilar a la Administración.
Llámenlo, si les gusta más la palabra (a mí no), "Observatorio sobre la corrupción". No creo que se trate de estructuras costosas ni inútiles. En una ciudad de tamaño medio estaríamos hablando de un órgano con seis o nueve integrantes, que se irían renovando por tercios en elecciones convocadas, por ejemplo, cada tres años. Podrían presentar candidatos las asociaciones de vecinos, las asociaciones, o cualquiera a título personal. Para evitar la tentación de que grupos (políticos o no) quisieran colonizarlas, cada ciudadano podría votar a uno sólo de los tres puestos convocados, lo que aseguraría la pluralidad ideológica o de intereses. No me veo obligado a más precisiones: al fin y al cabo no es sino una ocurrencia que surge de la constatación de que lo que tenemos es, desde luego, insuficiente.
by Miguel Pasquau Liaño
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