El coste de los cascos de seguridad.

Toda medida de protección genera costes.  Si una norma urbanística obliga a reservar un suelo para parques, limita el empleo en la construcción y sube el precio del metro cuadrado, y por tanto de la vivienda, pero queremos parques y ciudades no demasiado saturadas. Las limitaciones en la emisión de gases, frenan la productividad en ciertos sectores de actividad e incrementan los costes de producción y por tanto los precios, pero intentamos ganar tiempo ante las crisis ecológicas. El establecimiento de un número máximo de viajeros por autobús deja fuera a los últimos viajeros u obliga a la empresa a poner un autobús más que quedará medio vacío, con el consiguiente incremento del precio del billete para todos, pero queremos unas condiciones de viaje dignas. Si limitamos las horas de conducción ininterrumpida del chófer obligamos a un relevo (más personal) o provocamos que el viaje dure media hora más, pero queremos seguridad. Si marcamos un salario mínimo interprofesional, disuadimos a quienes estaban "dispuestos" a contratar más trabajadores pagándoles menos precio, y por tanto generaremos quizás algo de paro, pero ponemos más dinero en el bolsillo de quien está trabajando.

La propuesta de subida del SMI es controvertida entre los economistas. Todo el mundo entiende que si se subiese a 2.500 euros haríamos felices a unos cuantos, pero las disfunciones serían insostenibles. Casi todo el mundo entiende que si suprimimos el SMI, o lo bajamos a niveles que podríamos considerar como "indecentes" (en sentido estricto), tendríamos a más trabajadores dando su jornada laboral completa a cambio de un precio indecente, del mismo modo que si suprimimos las vacaciones remuneradas en las capas bajas del mercado laboral no habría vacaciones (pagadas) o serían de una semana por año, lo que desde el punto de vista de la felicidad de millones de personas sería una tragedia.

La política está llena de "tragic choices", es decir, de decisiones en las que hay ganadores y perdedores, beneficios y costes. En materia laboral, ya tenemos claro (no todo el mundo) que la medida más protectora no es necesariamente la más favorable para el interés que se propone como prioritario; pero también vamos teniendo claro (no todo el mundo) que la apuesta ciega por la flexibilidad (es decir, la supresión de medidas rígidas de protección) no conduce al equilibrio, sino a una mayor explotación.

Si en el siglo XX las sociedades fueron capaces de dotarse de una regulación imperativa de mínimos que perseguía el blindaje de la dignidad y la decencia en las relaciones de trabajo no fue sólo por un sentimiento de solidaridad; más bien fue el resultado de un conflicto. Fue un pacto. Lo llamábamos "pacto social". Me gusta recordarlo cuando leo historias en las que me cuentan que la regulación rígida es ineficiente y la liberalización nos traerá el bien común a medio plazo. Generalmente ilustran sus tesis con excesos, desviaciones e incluso aberraciones anidadas al calor de la regulación. La denuncia de esas desviaciones o corrupciones me parece imprescindible, pero deja de interesarme si veo que conducen a la tesis de la desregulación no ya selectiva (ésa es irreprochable, si se hace en términos claros y serios de ponderación de costes y beneficios), sino por principio (eso es ideología, en el peor sentido de la palabra, es decir, encubrimiento de la realidad al servicio de un interés).

Yo no sé si 900 euros de SMI es mejor que 860 o que 925. Me parecen interesantes las tesis de quienes sostienen que sus reformas deben ser graduales y no bruscas, pero también entiendo que hay medidas que sólo tienen eficacia si contienen algo de audacia. Tampoco sé qué ocurriría si en vez de 30 días al año las vacaciones mínimas del asalariado fuesen de 25 días naturales o de 35. Ni tengo herramientas para saber si reducir dos horas semanales la jornada semanal, o ampliarla dos horas, produce un efecto global positivo o negativo. No puedo decir nada sobre cuál es el montante de indemnización por despido más eficiente. Lo que sí digo con vehemencia es que el argumento del incremento del coste empresarial con el consiguiente incremento del desempleo no me resulta un argumento atendible, porque esa lógica se levanta sobre una amputación de la realidad: deliberadamente ignora que estamos tratando de un conflicto de intereses, y que el interés del trabajador activo no puede ser siempre la variable de ajuste, a menos que volvamos a los tiempos en que el único recurso de los trabajadores para no perder del todo sea la huelga y el conflicto duro.

Esta reflexión (espero que la aclaración sea innecesaria) no pretende defender la subida del SMI a concretamente 900 euros; no es más que una protesta contra los resultones argumentos que se oponen a la subida, y a la noción misma del SMI, en aras de la "libertad de contratación". Supongamos que se constatase que esta subida incrementa el desempleo: ¿y qué? también lo incrementa la prohibición de tráfico libre de armas, el no reconocimiento de la prostitución y los costes de las normas de salud y seguridad en el empleo. ¿Las abandonamos, no vaya a ser que un empresario deje de contratar empleados porque está harto de pagar cascos?