El arranque de una reforma constitucional en serio

A día 6 de diciembre de 2017, 39 años después del referéndum constitucional de 1978, hay una comisión parlamentaria, el estudio de unos profesores e intelectuales de prestigio, y una tradición de programas electorales que propugnan unas reformas que nos sabemos bien: la sucesión en la Corona, la ordenación territorial, el Senado, la mención de la Unión Europea, el régimen electoral y acaso el "blindaje" de los derechos sociales. La maleta de partida no es suficiente. No me refiero a falta de contenidos: al inicio de una reforma constitucional hecha en serio no es conveniente conocer de antemano los puntos de llegada, porque de lo que se trata es de ponerse "en modo reconstituyente", y para eso hay que abrir las ventanas: ya llegará el momento de hacer escrutinio de los vientos que entran y salen, y en todo caso existe la garantía de que sin consenso final no hay reforma, porque el procedimiento de reforma constitucional así lo quiso. Busquemos, pues, un impulso leal y serio de reforma, y abramos un espacio para que todo se pueda discutir sin miedo a que un paso de aire nos provoque una parálisis facial, como temían nuestros mayores.

He utilizado la expresión "ponerse en modo reconstituyente". Parece rebuscada, pero va con intención. Significa por un lado que la reforma a la que yo aspiraría sería a algo más que a una mera adaptación técnica, y a algo menos que a una "nueva" constitución. La reforma técnica no provocaría un movimiento verdaderamente político, que es lo que quizás reclaman al menos las nuevas generaciones de españoles para las que 1978 es cosa de sus padres y pronto de sus abuelos. Y una nueva constitución, aparte de parecerme inviable en función de la distribución de fuerzas políticas (que refleja más o menos fielmente una determinada voluntad popular), me produce algunos temores, porque no tengo la confianza de que lo que resultara fuese más parecido a la Constitución deseable para mí que la que ya tenemos: mis temores se deben a que con cierto pesimismo percibo que la sociedad española ahora es más desconfiada y miedosa que la de 1978, a lo que añadiría que faltan líderes políticos capaces de concitar y liderar consensos más allá de sus posiciones de partida y de sus mezquindades electoralistas. Por eso parece preferible partir del suelo de la Constitución vigente, que en lo sustancial es una buena Constitución, mejor todavía que lo que los españoles hemos conseguido hacer con ella (y por tanto, todavía, con margen de desarrollo).

Bien, pues vayamos dando pasos. Abramos la carpeta. Está bien como carpeta la comisión parlamentaria para la reforma constitucional pedida por Sánchez y concedida por Rajoy, a condición de que no tenga prisas por presentar resultados. Incluyamos en esa carpeta el informe de los profesores liderados por García de Enterría, que dice algunas cosas verdaderamente interesantes. Estimulemos que otros intelectuales, otros profesionales, otros activos sociales remitan su papel para la carpeta. Todo eso es necesario, porque es muy probable que si se abre el tiempo de pensar y de proponer, aparezcan ideas con las que no contábamos y que fueran más allá de los argumentos que se cruzan rutinariamente los partidos, con cada vez menos imaginación y cada vez más retórica.

Pero me pregunto si, en algún momento a medio plazo, no habría que dar un paso más. Ese paso más podría ser la convocatoria de un gran debate nacional en forma de referéndum consultivo. No sólo ni principalmente para "saber" qué quiere la gente, sino también para que la ciudadanía piense. Espere, no tire la idea todavía al cubo de la basura, ni esgrima sin más su desconfianza hacia el referéndum como forma de participación política. Me estoy refiriendo a un proceso serio de consultas sobre temas y aspectos importantes que no acabamos de querer plantearnos en serio, y que sin embargo van desordenadamente emergiendo. No tendría que ser un multirreferendum a la italiana: sería preferible una secuencia bien pensada de consultas que permitiese centrar los debates en cada uno de los puntos o en grupos de ellos. Encuentro pocos argumentos (democráticos) para echar el cerrojazo a cuestiones sobre las que muchos españoles querrían opinar y votar, como pueden ser los siguientes:

a) la forma de Estado (monarquía parlamentaria o república),

b) determinados aspectos sensibles de la definición de competencias exclusivas del Estado y de las facultades de coordinación respecto de las comunidades autónomas, así como los instrumentos básicos de financiación autonómica y municipal, y de la solidaridad interterritorial;

c) los modelos de configuración del poder judicial (y su órgano de gobierno) y de la Fiscalía;

d) la supresión o el mantenimiento de la provincia como circunscripción electoral, así como otras determinaciones del régimen electoral que, sin merma de la proporcionalidad, blinden la igualdad del valor del voto de cada ciudadano y regulen la plasmación de número de votos en número de representantes; e igualmente la introducción de posibilidades de elección directa para determinados cargos (presidente del gobierno o de la comunidad autónoma, alcalde) y candidatos (listas abiertas o desbloqueadas)

e) la desaparición o no del Senado como segunda cámara legislativa y su configuración o no como cámara de representación territorial;

f) la admisión o no de la posibilidad de procesos de secesión territorial, y en su caso las condiciones para su ejercicio y consumación y la regulación de sus consecuencias;

g) la introducción o no de mecanismos no judiciales de prevención y represión de la corrupción política y de protección de la autonomía del poder político frente a grupos de presión y grandes corporaciones;

h) la introducción o no de referendos revocatorios y sus condiciones;

i) la supresión, mantenimiento o reforma de los aforamientos de jueces, magistrados, fiscales y autoridades políticas;

j) la delimitación de los contornos de algunos derechos fundamentales en función de la jurisprudencia constitucional recaída sobre los mismos;

k) la supresión o mantenimiento del principio de estabilidad presupuestaria, sus excepciones;

l) el establecimiento de reglas que impidan la utilización gubernamental de medios públicos informativos;

m) la introducción de una cláusula constitucional sobre el aseguramiento de un mínimo vital digno y la universalización de determinadas prestaciones públicas básicas.

He señalado trece puntos. Podrían ser más, podrían ser menos. No se trata de hacer doce consultas, sino de consultar de manera secuencial y ordenada sobre estas doce cosas o las que se prefieran. Tengo la convicción de que si el proceso se hace en serio y no se convierte en una lucha partidista (es decir, si se logra que no prevalezca el aspecto de identificación con un partido y sus posiciones), se obtendría un reflejo cabal, y desde luego democrático, de las preferencias políticas de los españoles, y sería más fácil trabar consensos de amplio espectro, que son los únicos que pueden subir al marcador de una Constitución. Sin hacer tabla rasa: si no hay consenso para cambiar, prevalece el consenso antiguo. Y sin pretender hacer una Constitución de derechas o de izquierdas: no para blindar una política de "centro", sino para que sean posibles políticas liberales, conservadoras o de izquierdas en función de la voluntad popular.

¿No tienen interés (y derecho) los ciudadanos a implicarse en este ambicioso proyecto político? ¿Lo dejamos en exclusiva a las sedes de los partidos, de las grandes corporaciones y de los medios de comunicación? ¿Nos conformaríamos con un referéndum final de aceptación o no, en bloque, de lo pactado por los actuales líderes políticos y sus asesores? A mí me encantaría discutir de todas estas cosas.

1 Respuesta

  1. Absolutamente de acuerdo con su reflexión. No solo en las propuestas de modificación de la CE, si no también en la medidas a adoptar de consulta popular para evitar el secuestro de la voluntad del pueblo por parte de los partidos.

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