¿Quedan automáticamente suspendidos los diputados catalanes procesados, o es el Parlamento de Cataluña quien ha de decidirlo?

Al ganar firmeza el auto de procesamiento referido a los diputados catalanes imputados por rebelión, y encontrarse éstos en prisión provisional, el magistrado instructor ha comunicado al Parlamento de Cataluña que estos diputados quedan suspendidos en sus funciones de manera automática o “ipso iure” (es decir, no por decisión discrecional suya, sino por efecto de la ley). Se apoya para ello en lo dispuesto en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con rango de Ley Orgánica, según el cual “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por medio de persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
Según esta interpretación del precepto, del juez instructor depende el procesamiento y depende la medida cautelar de prisión, pero no la suspensión: ésta es consecuencia inmediata de que se de el supuesto del artículo. El Parlamento de Cataluña sólo debería “tomar conocimiento” y constatar la situación de suspensión ya producida por efecto de la firmeza del auto de procesamiento.
De ser así, una decisión de un juez instructor (por tanto antes de la celebración del juicio oral) habría privado temporalmente a unas personas de la condición de diputados de que fueron investidos por sufragio en elecciones regulares. Se trataría de algo llamativo, puesto que quedaría alterada (aunque sea temporalmente) la composición de una Cámara como efecto de una decisión judicial. Ello es perfectamente posible cuando se dicta sentencia, poniendo fin a un procedimiento judicial, en el que se impone una pena de inhabilitación. Es menos claro que sea admisible como efecto de una medida cautelar o de una resolución que, por su naturaleza, aún no ha destruido la presunción de inocencia. Esto último, por cierto, está fuera de discusión: un auto de procesamiento no ha destruido aún dicha presunción de inocencia, por cuanto para ello es necesaria una sentencia dictada después de un juicio.
La tesis del magistrado instructor encuentra apoyo en una interpretación literal del precepto: en efecto, los implicados están ejerciendo una “función o cargo público”, están procesados por rebelión y se ha decretado respecto de ellos la prisión provisional, luego se produce la consecuencia jurídica de la suspensión. Existen sin embargo otras interpretaciones, entiendo que posibles y preferibles, que conducirían a sostener que la suspensión en el cargo de diputado no es automática, sino que depende de la Mesa del Parlamento.

Norma general, norma especial.

La primera razón es de orden técnico-jurídico: se trata del principio de preferencia de la ley especial sobre la ley general, según el cual, en caso de conflicto aparente entre dos normas que regulen un mismo supuesto de hecho y le atribuyan consecuencias jurídicas diferentes, será de aplicación la “ley especial”, es decir, aquella que regule “más de cerca” o con más concreción el supuesto.
En este caso el artículo 384 bis LECrim sería la “norma general”, puesto que va referida a toda función o cargo pública, mientras que los Reglamentos Parlamentarios (que, pese a su nombre, tienen rango de ley, y derivan de la atribución por la Constitución o por el Estatuto  al Parlamento de la competencia para regular el estatuto del diputado) sería la “norma especial” al ir referida a un tipo concreto de cargo público: el diputado. Dicho de otro modo, el artículo 384 bis LECrim sería aplicable respecto de cargos públicos diferentes de los diputados, por cuanto éstos tienen un estatuto jurídico especial, que ha de aplicarse preferentemente.
El art. 25.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña establece que “los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos (…), previo dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los diputados, en los siguientes casos: a) si es firme el auto de procesamiento o de apertura del juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados”. Son fáciles de advertir las diferencias entre este artículo y el 384 bis LECrim: la suspensión, según el Reglamento, no es automática, sino discrecional, y quien tiene la facultad de acordarla (o no) es el Pleno del Parlamento, y todo ello tras un dictamen de la Comisión del Estatuto de los diputados; además, en este precepto la posibilidad de suspensión no se limita a los supuestos de procesamiento por terrorismo o rebelión, sino que es predicable de cualquier auto de procesamiento, se haya o no acordado la prisión provisional. Con arreglo a este precepto, pues, una vez comunicado por el Instructor al Parlamento la firmeza del auto de procesamiento, la Comisión del estatuto de los diputados deberá emitir un dictamen motivado, y la cuestión deberá someterse al Pleno del Parlamento. En caso de ser aprobada la suspensión por mayoría absoluta, los procesados quedarán suspendidos en sus funciones; en caso contrario, no serán suspendidos. No aclara el Reglamento si en la votación sobre la suspensión pueden o no intervenir los diputados implicados, pero los principios generales determinarían que habrían de abstenerse, al tratarse de una cuestión relativa a su situación personal. Lo que plantearía un último problema: si la mayoría absoluta exigida lo sería o no respecto del total de diputados (incluidos los cinco cuya suspensión se vota). La competencia para resolver estas dudas corresponde a la Mesa del Parlamento, y no al Juez Instructor, sin perjuicio de un control judicial de las decisiones que adopten (de las que no conocería el Instructor, sino la jurisdicción contencioso-administrativa).

Autonomía parlamentaria.

Desde un plano menos técnico y más constitucional, cabe defender simplemente que la suspensión de un diputado es cuestión estrictamente parlamentaria, que forma parte de la autonomía del poder legislativo, y que por tanto sin una decisión de la Mesa (recurrible ante los tribunales) no cabe entender que un diputado electo queda suspendido de sus funciones y prerrogativas. En todo caso, la suspensión no provendría de un “mandato” del Juez instructor, por lo que la decisión del Parlamento de no tenerlos por suspendidos no podría dar lugar a un delito de desobediencia, sino, aún siguiendo la interpretación literal del artículo 384 bis LECrim, una vulneración de la ley que habría de ser corregida por los tribunales: no los de la jurisdicción, sino los de lo Contencioso-Administrativo.
Por cierto que la indiscutible dimensión constitucional de este problema aconsejaría forzar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional: ya sea sobre la decisión que adopte el Parlamento de Cataluña, ya sobre la constitucionalidad de la interpretación del artículo 384 bis LECrim de la que parte el magistrado instructor.

9 Respuestas

  1. Cuéntame Miguel; que mis límites son terrenales…

    ¿En qué consiste la presunción de inocencia de un presunto delito cuyo suceso no es presumible que pueda acreditarse en el mundo real? …

    O dicho en términos más concisos…

    ¿Cómo se.presume la inocencia de un delito no sucedido?…

    Todo lo demás es atrezo del alfarero…

    Y ahora al fútbol que es más comprensible…

    Au revoir!!!

    • Los poderes del estado , legislatiivo , judicial y ejecutivo, son independientes y no puede (Llarena) intervenir en los que no estàn en su competencia y el parlament de Catalunya es sobetano.

  2. Querido Miguel:

    Aunque todo lo que rodea este asunto me parece desproporcionado, por no decir disparatado (y así nos va en Alemania o Bélgica y lleva camino de irnos en Escocia), no puedo estar de acuerdo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, con las tesis que apuntas.

    1.- El argumento de que la ley especial prevalece sobre la general no es convincente por una doble razón. Por un lado, el art. 384 bis claramente quiere abarcar todos los tipos de cargo o función pública e imponer la suspensión automática en todos ellos; de manera que no es tanto una ley “general” cuanto “universal”. Por otro, todas las normas reguladoras de cargos y funciones públicas (EBEP, LRL, LOPJ, etc.) prevén sus propios casos y procedimientos de suspensión del funcionario por imputación en una causa penal, de modo que la “ley general” quedaría sin posible aplicación.

    2.- El artículo 384 bis fue introducido por Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, cuya disposición adicional, con una redacción bastante extraña, indica claramente que se dicta como norma de desarrollo del art. 55.2 de la Constitución, de manera que, en esa medida, la norma forma parte del “bloque de constitucionalidad” y se impone sobre leyes ordinarias, como los Reglamentos parlamentarios, sean autonómicos o estatales.

    3.- Recurrida la L.O. 4/1988 por el Parlamento Vasco ante el Tribunal Constitucional, la STC 71/1994, de 24 de marzo, dejó claro (FJ 6.º) que la suspensión automática es también constitucional respecto de los cargos públicos representativos, sin hacer salvedad alguna respecto a la autonomía parlamentaria.

    Qué le vamos a hacer. Como decía mi abuela, las cosas son como son, y no como a uno le gustaría que fueran.

    Un abrazo.
    José Manuel

    • Casi me rindo, José Manuel, pero me quedan algunas dudas.
      La condición de “diputado” tiene una especialísima singularidad respecto del resto de cargos públicos, y se debe fundamentalmente a que tiene que ver con la autonomía parlamentaria como poder autónomo. El reglamento parlamentario es la más directa expresión de la autonomía de un poder del estado respecto de los demás (cierto: no respecto del propio Legislativo, pero esto lo digo en orden a singularizar la condición de diputado respecto de los demás cargos)
      Si no recuerdo mal, la conexión del 384 con el 55.2 quedó tocada del ala, porque éste exige un “adecuado control parlamentario”.

      Me dijeron lo de “todo cargo representativo”, pero francamente, leí la STC 71/1994, y sólo encontré referencias a “cargo público”, sin el adjetivo “representativo”. Pero seguro que fue una búsqueda no exhaustiva.

      Saludos, y como siempre gracias.

  3. Me gusta este púlpito porque cada vez aprendo algo.

    La anterior discusión jurídica me recuerda a los escolásticos de Salamanca descubriendo el sexo de los ángeles mediante la lectura del salmo adecuado.

    Realmente la discusión es tan brillante como inútil a la vista de que los Alemanes disienten del entuerto desbaratando tanto esgrima dialéctico sobre verdades reveladas.

    Hoy es una vergüenza. Mañana será un circo.

    El problema no es el artículo de la Ley.

    El problema es la falta de sensatez, objetividad, imparcialidad y equidad.

    El problema es la injusticia!!!

  4. He suprimido un comentario (por tercera vez en la historia de este blog). A mí no me importa en absoluto que en los comentarios a mis posts aparezcan alusiones personales a mí mismo, pero sí me importan cuando van referidas a quienes, con su nombre y apellidos, se asoman como comentaristas.

    • Lo siento Miguel pero confundes “alusiones” con debate libre.

      Te otorgas la misma potestad arbitraria de interpretar hechos conforme tu particular creencia, sin atender a la propia realidad de los mismos, censurando un debate conforme tus intereses, y sin especificar además donde falto yo al respeto a esa persona de cuyo aprecio tu te apropias indebidamente dado que desconoces TOTALMENTE mi propio respeto por su trayectoria.

      Entiendo tu irritación, pero no ocultes tu propio silencio criminalizando a tu crítico con una censura manifiestamente parroquial.

      En los debates, se rebate. No se censura al crítico; se le muestra su incorrección, para que pueda defenderse.

      Espero tu rectificación.

      • No he hablado de falta de respeto, ni de los comentarios críticos a otro comentario del post. Me refiero a que un pseudónimo introduzca datos personales de alguien que firma con nombre y apellidos y que no ha traido esos datos personales al debate. Saludos.

  5. Estimado Miguel:

    Te digo por segunda vez que valoro tu honestidad intelectual, aunque es manifiesto que no comparto tus postulados, aunque me sorprende tu silencio, que respeto, como esta censura incomprensible por su forzado carácter moral de anónimo contra identificado.

    Y antes de exponerte mi crítica quiero dejarte bien claro mi posición que es de total y absoluto respeto a toda persona, sea quien sea y exprese lo que exprese. Y es por ello que me ha dolido –si; dolido– tu precipitada censura.

    Luego te diré que mi crítica es leal, porque el tema lo merece en función de su dificultad e importancia crucial en la vida de una sociedad. Y por si no lo has percibido todavía yo no me acerco a tu balcón buscando esgrima, audiencia o descarga emocional. Me asomo para comprender y aprender confrontando posiciones.

    En este empeño el anonimato mediante un pseudónimo es un instrumento, no una máscara de ocultación. Y es un instrumento de gran relevancia en este tema donde la desigualdad conforma un parámetro fundamental de la justicia española.

    Aramis no es una máscara de carnaval, sino el velo que te impide fijar tu referencia en el quién lo dice, y te obliga a centrarte en el qué es lo que dice.

    Y es relevante porque en ese trayecto hace aflorar tus pre–juicios… que yo capto y aprendo. Pero no para usarlos como arma inútil, sino para aprender la estructura del qué dices y cómo lo dices y entender por qué lo dices.

    Que tú no seas anónimo no me faculta, para nada, para entender qué dices, ni por qué lo dices. Una de las primeras cosas que me enseñaron –y pude aprender–, fue a amputar todas las interferencias ad hominen en cualquier mensaje. Conozco ilustres papanatas y muy humildes sabios.

    La irritación es un componente del debate que ayuda a calibrar las partes. Y tu has reaccionado en un balcón de acceso público, donde es peligroso asomarse (aunque no precisas quién es el que debe ser precavido al asomarse al balcón de un juez; si el juez, o el «justiciable» …)

    Así, pues, todo el que se asoma –sea anónimo, o con DNI–, participa de las mismas condiciones, sin excepción.

    La Cruz del noble dominico Raimundo del caserío feudal de Peñafort es una excelsa creación del Poder Judicial de 1944, BOE de 7 de febrero. Que por aquel entonces firmaba su excelencia D. Francisco Franco Bahamonde para galardón de las virtudes jurídicas del régimen. (Dato de dominio público)

    En relación al dato del premio de 2015 solo tienes que acudir a la hemeroteca y verás amplios reportajes, con independencia que yo lo recordase por mi mismo por otras causas.

    Y respetando cuidadosamente al premiado saqué las citas de las propias noticias publicadas por el grupo Joly en el diario de Sevilla (más público imposible).

    Pero cruzar los términos «galardonado» y «crucificado» es un ardid metafórico que si quiere conectar con el fondo de la cuestión de este debate tocando un amplio abanico de dimensiones. En ningún caso conforma alusión alguna a la persona concreta, pero sí al acto del Poder Judicial, centro justo de la cuestión de la que se habla en el post.

    Son muchos los matices que se concentran en el término «crucificado», pero todos ellos pertenecen a mi estilo literario conformando mi libertad de participación en el debate por lo que censurar esto es retroceder claramente a 1944, cosa que ciertamente me sorprende en ti que se positivamente que tanto disfrutas con la expresión libre y la creatividad literaria.

    Saludos al filo ya de la media noche y luna en fase creciente…

    15/07/2018

    NOTA:
    Parece que mirando la luna anoche se me fue el santo al limbo y no quedó registrado el comentario como de costumbre. Es por ello que lo reproduzco de nuevo con el ruego de que elimines duplicados si procede. Un saludo

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