¿Diputados que no pueden votar? A propósito de una decisión de C’s y PP en el Parlament.

En la sesión de constitución del Parlamento de Cataluña se planteó el problema de si los diputados que no habían podido asistir por estar en prisión provisional (no los autoexiliados en Bélgica), podían delegar su voto en otro diputado presente. Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Partido Popular se opusieron. Propugnaron que en la votación para la formación de la Mesa del Parlament no pudieran participar algunos representantes elegidos por el pueblo en sufragio igual, libre, directo y secreto, de entre candidatos legalmente habilitados para serlo. Y no se opusieron, obviamente, por consideraciones judiciales o procesales, porque el Magistrado Instructor a cuya disposición están como presos preventivos,  denegó el permiso para asistir físicamente a la sesión pero sugirió y auspició, para que su decisión no fuese desproporcionada,  la fórmula de delegación (no entro ahora en la valoración de esa decisión, ya de por sí muy restrictiva de la función parlamentaria, por más que salve lo fundamental, que es la expresión del voto). Se opusieron C's y PP porque les convenía políticamente. No olvidemos que los presos preventivos no están inhabilitados (se presumen inocentes mientras no haya sentencia) ni suspendidos (no hay ninguna causa legal de suspensión de dicha condición que consista en estar en situación de prisión provisional), luego ostentan una cuota de representación popular y han de poder ejercerla. Son un "trozo de pueblo". Ciudadanos y Partido Popular, sabiendo que en esto son apoyados por una parte importante de la opinión pública que después de tanto desastre derivado del procès no es proclive a garantías y matices, dan por buena una restricción absolutamente injustificada del ejercicio del cargo de diputado de algunas personas, con la consiguiente distorsión ventajista de la voluntad popular.

De fondo hay algo que me preocupa: la autonomía parlamentaria. O mejor: la dignidad parlamentaria y el aprecio de los ciudadanos por dicha institución, que es precisamente la institución de la que son absolutamente dueños. No hay democracia sin mecanismos que traduzcan la soberanía y la voluntad popular en un procedimiento de toma de decisiones, sin más límite que la Constitución, que en absoluto limita a una persona investigada penalmente, o incluso en situación de prisión provisional, su posibilidad de ser diputado y de ejercer su función.

La dignidad parlamentaria no se basa en el aprecio a los diputados que ocupan el escaño. Puede odiárseles, no pasa nada. Pero su estatuto de diputado ha de respetarse escrupulosamente. Es una de las más básicas garantías y reglas de funcionamiento de una democracia. De ahí vienen las hoy día poco apreciadas reglas sobre inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los diputados, que no tienen absolutamente nada de privilegio personal, porque a quien protegen es al diputado mientras lo es, y por tanto no a la persona sino al Parlamento. No se les puede incriminar por las opiniones emitidas en el Parlamento (sea cual fuere la forma de emitirlas), no se les puede detener más que en caso de flagrante delito para no alterar la composición de las Cámaras, sólo el órgano judicial predeterminado puede investigarlos y juzgarlos penalmente, y sólo mediante una sentencia con condena a inhabilitación pierden la condición de diputados. Más allá del uso torcido que en ocasiones singulares haya podido hacerse de este estatuto,  se trata de garantías que a quien protegen es al pueblo, porque no hay institución más parecida a un pueblo que un Parlamento resultante de unas elecciones.

¿No hay nadie en Ciudadanos ni en el Partido Popular que recuerde a sus dirigentes catalanes que es compatible una crítica feroz de las políticas y decisiones de los oponentes con un respeto absoluto de su dignidad parlamentaria? Ya sé que la mayoría independentista vulneró y pisoteó los derechos de la oposición en la Legislatura anterior, pero ya nos echamos las manos a la cabeza entonces, y ya están empezando a pagar con graves acusaciones penales por todo aquello. Qué ocasión más buena han perdido C's y PP para ser ellos mismos los que reivindicasen a la Mesa del Parlamento que hiciera todo lo posible porque todos los diputados electos puedan ejercer sin más trabas que las impuestas por un Juez su función parlamentaria. Añadir a las limitaciones impuestas por el Juez otras, evitables, motivadas exclusivamente en el ventajismo político, es una decisión que, cuando menos, revela un escaso aprecio por algo tan importante como es que el Parlamento es el cauce principal de expresión de la voluntad popular. Creo que no es una cuestión menor, por más que en los diarios y tertulias no ha llamado mucho la atención.

6 Respuestas

  1. Creo , que puedes contemplarlo desde otro prisma: la visión de mucha gente normal, sin estudios jurídicos, pero que se fía de la justicia y cree que cuando alguna persona está en prisión preventiva es por que se le supone un delincuente.
    Tu visión , por tu amplia formación jurídica, creo que no es la misma que la de la gente normal.
    La gente normal (no analfabeta, sino sin estudios de leyes) no entiende que un delincuente pueda ocupar un cargo público, aunque otros le hayan votado. Y por tanto, tampoco entiende que un delincuente le pueda representar.
    Entiendo que es un problema de la lentitud de la justicia .
    No olvidemos que estos políticos son presuntos delincuentes, unos en carcel preventiva y otros fugados. Y no por que lo diga yo, sino por que así lo ve la justicia de nuestro estado de derecho.
    Y aunque algun juez crea que pueden “delegar su voto” mucha gente normal en españa cree que no pueden votar.
    Esta es la razon por la que creo que el grupo de Ciudadanos se opuso y no por que les conviniese más o menos políticamente.

    • El juez no se atreve a decir directamente que esta decisión es un delito que ate ta contra la ley nada menos que contra los derechos parlamentarios y por tanto debería ser puesta ante un tribunal,La ley es igual para todos y no se puede vulnerar

    • Ay, Esther, pero a un grupo parlamentario no se le puede valorar como si fueran ciudadanos legos normales. Tienen asesores, conocen de sobra el estatuto del diputado. Y eso es lo grave: que en vez de hacer el esfuerzo de explicar cómo son las cosas (¡y como deben ser!), se apoyan en la “percepción común”, generalmente cabreada, para tomar decisiones que saben que van a ser aplaudidas, con daño para principios y valores que tienen mucha importancia. Cierto que quizás me excedo cuando hablo de “ventajismo” en el sentido de apoyar esa postura para “ganar una votación”: más que nada porque saben contar y tenían claro que con o sin delegación el resultado sería el mismo.

  2. Y. mucho menos comprendo que el juez se limite a comentar lo que es un delito grave

  3. Matizar que el preusnto pisoteo y vulneración de los derechos de la oposición en la legislatura anterior, lo fueron, para defender los derechos de los diputados, vulnerados y pisoteados por el gobierno español con la ayuda de esta oposición, mediante recursos ante el TC, que suponían la suspensión, de modificaciones del reglamento de la cámara, prácticamente idénticos a los usados por este mismo gobierno con la complicidad del PSOE para modificar la Constitución. Tanto que el Constitucional, una vez aplicado el 155 declaró la constitucionalidad de los cambios.

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