Ideas contra la corrupción (1). Inhabilitación por fraude fiscal

[Invito a todo el que quiera a volcar en este blog cualquier idea u ocurrencia que pudiera contribuir a reducir el volumen de la corrupción política en España. Para ello bastará con introducir un comentario en cualquiera de las entradas que lleven la rúbrica "Ideas contra la corrupción". Esta es la primera de ellas. No creo necesario aclarar -pero lo hago- que son reflexiones políticas, no jurídicas]
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Infracción tributaria no es igual a delito contra la Hacienda Pública. Es necesario que la defraudación alcance una muy importante cifra (120.000 € dejados de pagar, y no en total, sino en cada periodo impositivo). Por debajo de esa cifra las consecuencias, si se detecta y se comprueba el fraude, serán simplemente económicas: un recargo. Este margen de impunidad penal por fraude fiscal tiene sentido para el común de los ciudadanos, pero no para quienes ocupan puestos de responsabilidad política. En relación a éstos entiendo que cualquier defraudación fiscal voluntaria y consciente debería ser considerada, desde el primer euro, delito. Y debería merecer, al menos, la pena de inhabilitación para ostentar cargos, junto a las responsabilidades pecuniarias propiamente tributarias.

De este modo, tratándose de cargos de representación política, se otorgaría relevancia penal a cualquier cobro o pago en 'b', a cualquier transacción económica no transparente, a cualquier sobresueldo (en moneda o en especie) no declarado, a la adquisición de cualquier bien o servicio con dinero de cuyo origen no pueda darse razón. Es decir, a ese conjunto de actividades que en un importante porcentaje de casos encubren actividades ilícitas o prohibidas.

La especial obligación de ejemplaridad de los políticos justifica este mayor rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Desde el punto de vista de la decencia pública y del fundamento mismo de la política fiscal, es insoportable que un cargo público de carácter político siga siéndolo si no cumple íntegra y exactamente las obligaciones fiscales. No hablamos de encerrarlo en la cárcel por una trampa de 200 €, pero sí de inhabilitarlo para la política: no olvidemos que en el Código Penal existen varios tipos de penas, y no siempre la cárcel es la más adecuada. Para este tramo específico de delito fiscal reservado para cargos políticos, la pena adecuada habría de ser la inhabilitación: es decir, su expulsión del ámbito de la representación política.

El cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los políticos (¡y de los partidos!) importa mucho a los ciudadanos. Por eso, quien esté dispuesto a entrar en política, debería tener claro que su conducta fiscal es asunto público, y que cualquier atajo, cualquier trampa, cualquier corruptela que perjudique a Hacienda ha de ser una causa de exclusión de la política.

Sólo encuentro un inconveniente a esta propuesta: si la pena es la inhabilitación, y la sentencia recae cuando el defraudador ya no ostenta el cargo, o está a punto de abandonarlo (por expirar la legislatura), la eficacia de la medida será muy escasa. Sólo servirá para excluirlo "en el futuro" de la posibilidad de aspirar a cargos públicos. Algo es algo...

 

6 Respuestas

  1. A la pregunta política clave, ¿quién vigilará al vigilante? El anciano y experimentado Platón responde: las leyes. Y se deberán aplicar con el máximo rigor a sus guardianes, pues han de mostrarse ejemplares en todo, si no, y por la fuerza de la gravedad, la corrupción en la cima de la pirámide acabará impregnando a todo el cuerpo social…

  2. Si en vez de a los Arriolas de turno hiciéramos más caso a Platón, mejor nos iría…
    ¿Quién dijo que la historia de la filosofía es el conjunto de notas a pie de página a los textos de Platón?
    Yo se lo oí decir (citando a alguien) a Don Marcelino Zapico.

  3. Gracias por el enlace, Eugenio. 20 medidas interesantes propuestas por Transparencia Internacional.

  4. Pepe Vázquez

    Ni Jueces ni Fiscales elegidos ni propuestos por partidos políticos.
    Justicia Independiente.

  5. Opino que aunque sería buena la inhabilitación dado el tiempo de nuestra justicia (llevo ya 9 años para resolver una servidumbre de paso de 150 metros) no sería práctica. Al final como casi nunca pasa nada y visto lo visto en paises del entorno mi solución iría por la inhabilitación "social", ni poder volver a la política, ni poder dsiponer de tarjetas (por ejemplo) y con un DNI de otro color. Te aseguro que sería mano de santo. Y lo digo en serio.

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