Ideas contra la corrupción (1). Inhabilitación por fraude fiscal

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Infracción tributaria no es igual a delito contra la Hacienda Pública. Es necesario que la defraudación alcance una muy importante cifra (120.000 € dejados de pagar, y no en total, sino en cada periodo impositivo). Por debajo de esa cifra las consecuencias, si se detecta y se comprueba el fraude, serán simplemente económicas: un recargo. Este margen de impunidad penal por fraude fiscal tiene sentido para el común de los ciudadanos, pero no para quienes ocupan puestos de responsabilidad política. En relación a éstos entiendo que cualquier defraudación fiscal voluntaria y consciente debería ser considerada, desde el primer euro, delito. Y debería merecer, al menos, la pena de inhabilitación para ostentar cargos, junto a las responsabilidades pecuniarias propiamente tributarias.

De este modo, tratándose de cargos de representación política, se otorgaría relevancia penal a cualquier cobro o pago en 'b', a cualquier transacción económica no transparente, a cualquier sobresueldo (en moneda o en especie) no declarado, a la adquisición de cualquier bien o servicio con dinero de cuyo origen no pueda darse razón. Es decir, a ese conjunto de actividades que en un importante porcentaje de casos encubren actividades ilícitas o prohibidas.

La especial obligación de ejemplaridad de los políticos justifica este mayor rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Desde el punto de vista de la decencia pública y del fundamento mismo de la política fiscal, es insoportable que un cargo público de carácter político siga siéndolo si no cumple íntegra y exactamente las obligaciones fiscales. No hablamos de encerrarlo en la cárcel por una trampa de 200 €, pero sí de inhabilitarlo para la política: no olvidemos que en el Código Penal existen varios tipos de penas, y no siempre la cárcel es la más adecuada. Para este tramo específico de delito fiscal reservado para cargos políticos, la pena adecuada habría de ser la inhabilitación: es decir, su expulsión del ámbito de la representación política.

El cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los políticos (¡y de los partidos!) importa mucho a los ciudadanos. Por eso, quien esté dispuesto a entrar en política, debería　tener claro que su conducta fiscal es asunto público, y que cualquier atajo, cualquier trampa, cualquier corruptela que perjudique a Hacienda ha de ser una causa de exclusión de la política.